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URUGUAY EXIGE A ARGENTINA EL PAGO DE UNA DEUDA VINCULADA AL DRAGADO DEL CANAL MARTÍN GARCÍA
En medio de negociaciones clave sobre la futura gestión de la Vía Navegable Troncal, se ha reavivado una disputa entre Uruguay y Argentina en el seno de la Comisión Administradora del Río de la Plata (CARP). Montevideo ha reclamado oficialmente a Buenos Aires la regularización de un pago cercano a los cinco millones de dólares, correspondiente a trabajos de dragado ya realizados en el Canal Martín García.
El monto en cuestión corresponde a tareas ejecutadas por el consorcio integrado por las empresas Boskalis (Países Bajos) y Dredging International (Bélgica), encargado desde 2017 del mantenimiento y profundización del canal, una vía estratégica para la navegación entre ambos países. Este canal permite la conexión entre los puertos uruguayos del Río de la Plata y el sistema fluvial del Paraná.
La controversia surge en un momento delicado, dado que las delegaciones de ambos países mantienen posturas divergentes sobre el futuro del contrato con el actual consorcio dragador. Mientras Argentina impulsa avanzar hacia una nueva licitación, Uruguay propone mantener el contrato vigente, argumentando que su continuidad implicaría un ahorro significativo para la CARP y garantizaría estabilidad operativa.
El contrato actual contempla profundidades de 34 pies sobre fondos blandos y 38 pies sobre fondos duros, y su vigencia —según diversas fuentes— se extendería hasta principios de 2026.
Voceros uruguayos aseguran que el monto reclamado corresponde a un trimestre ya completado, aunque no se ha confirmado si hay otras deudas pendientes. Tampoco se han especificado públicamente las razones por las cuales la parte argentina no habría autorizado el desembolso.
En paralelo a este conflicto, Argentina anunció el inicio de nuevas obras de dragado en el Canal Martín García como parte de los acuerdos bilaterales vigentes. Estas intervenciones buscarían reforzar las condiciones de navegación y complementar los trabajos ya en marcha por parte del consorcio europeo. Si bien los detalles técnicos aún no fueron difundidos oficialmente, se apunta a mantener la profundidad operativa comprometida de 34 pies.
Este nuevo episodio evidencia el peso estratégico que tiene el dragado en la política fluvial del Cono Sur. La combinación de intereses económicos, técnicos y soberanos vuelve esencial alcanzar consensos que aseguren la sostenibilidad y eficiencia del sistema de navegación compartido entre Argentina y Uruguay.