La cámara empresarial sostuvo que los sindicatos marítimos «pretenden imponer condiciones inflexibles en reclamos de salarios muy por arriba de la inflación». A partir de ello, no hubo acuerdo y continúa paralizada la actividad portuaria en la región.

 

En una jornada de negociaciones abiertas, no hubo avances para resolver el conflicto de los remolcadores que paraliza la actividad portuaria de la región.

 

En un comunicado que publicó la Cámara de Armadores de Remolcadores, el sector empresarial sostuvo que «los sindicatos marítimos pretenden imponer condiciones inflexibles en reclamo de aumentos salariales muy por arriba de la inflación».

 

Además, señaló que estos gremios «han recibido aumentos por encima de la inflación en casi un 10% en la

paritaria del 2021 y un 15% adicional luego de cerrada la paritaria 2022 totalizando más de 130% de aumento solo el último año».

 

Por otra parte, trascendió que las organizaciones sindicales dejan supeditada la reapertura del diálogo a la presencia del presidente de la CAR en una nueva reunión programada para mañana, viernes, a las 9 h.

 

El comunicado

«En medio de la crisis general que atraviesa nuestro país, los sindicatos marítimos pretenden imponer condiciones inflexibles en reclamo de aumentos salariales muy por arriba de la inflación, que además disfrazan con conceptos ajenos a la práctica laboral de esta industria

Los sindicatos exteriorizan sus pretensiones paralizando la actividad portuaria, que justamente es la que alimenta de divisas a nuestro país, y provee la logística para el abastecimiento de combustibles, que hoy se encuentran concretamente amenazada. Estos gremios han recibido aumentos por encima de la inflación en casi un 10% en la

paritaria del 2021 y un 15% adicional luego de cerrada la paritaria 2022 totalizando más de 130% de aumento solo el último año. Todo esto para trabajadores que cumplen tareas menos de 6 meses al año, pasan otros seis meses de franco pago y sin prestación de servicio alguna percibiendo dichos salarios. Privilegio que no tiene ningún otro trabajador argentino, ni sus médicos, ni sus maestros, ni sus policías ni ningún otro empleado público o privado. El trabajador marítimo percibe todos los meses su salario actualizado por IPC.

 

En este marco, este año se negocian las nuevas paritarias del periodo 2023-2024, tratando de imponer los sindicatos la continuidad del IPC mensual y automático a sus abultados salarios, con más un porcentaje caprichoso, y la cerrada negativa a negociar determinadas condiciones laborales privilegiadas que llevan el costo argentino a valores insostenibles.

 

Es así, que las negociaciones –que no son tal- se dan en un contexto de fuerza impuesta por los sindicatos que no aceptan dialogar, solo imponer. El Estado, que debiera cumplir su labor de administrar, mediar, conciliar posiciones, y establecer procedimientos que eviten los conflictos, como en otras épocas nuevamente se alinea con los Sindicatos y con sus sistemas de presión que tienden a la paralización de las actividades y al entorpecimiento de las vías navegables y del comercio exterior. El Estado, representado por el Ministerio de Trabajo, lejos de conciliar posiciones, endurece aún más las mismas y lleva la situación actual acompañando a las presiones sindicales, justo en el momento en que el país necesita de divisas en este crítico momento de nuestra historia. Así paralizan nuestros puertos, quedando a merced de las acciones gremiales coercitivas, abonando al clima de caos.

 

La Cámara de Remolcadores está siempre dispuesta a negociar en un marco de igualdad, sin tener que soportar presiones o imposiciones irrazonables, y las decisiones de la cámara empresaria se están tomando en un marco de democracia y unanimidad, por lo que tampoco se va admitir ataques a determinadas empresas y mucho menos a personas que son legítimos representantes de nuestro sector, como vienen haciendo los gremios, amparados por las autoridades con el ataque sistemático a empresas y asus directivos, escogiendo cada semana a que empresa exponer, atacar, parar. El derecho al reclamo debe tener sus límites en un país que se encuentra tratando de estabilizar sus variables».